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Edición del dia 28 de Mayo
MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

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DECRETOS

DECRETO N 718 SdeG-2007

San Luis, 21 de Mayo de 2007

VISTO:

La convocatoria de este Ejecutivo Municipal, por Decreto 357-SdeG-2007, debidamente Publicado en Boletín Oficial de la Provincia de San Luis de fecha 28 de marzo de 2007 N 13.096 y en el Boletín Oficial Municipal de fecha 28 de marzo de 2007, Año IV, N 110, que convoca a elecciones Municipales Autónomas para el día VEINTINUEVE DE JULIO DE 2007; así como también la posterior sanción legislativa de la Provincia de San Luis, a través de la Ley VIII-0558-2007, publicada en el Boletín Oficial N 13.118, el día Viernes 18 de Mayo del año 2007, por la que se convoca a Consulta Popular al electorado de la Provincia de San Luis, para idéntica fecha de la ya fijada con anterioridad por este Ejecutivo Municipal - 29/07/07 -;

Y CONSIDERANDO:

1) Que como se dijera en el Decreto de Convocatoria supra referido, este Ejecutivo Municipal se encuentra suficientemente facultado por el Art 261 de la Constitución de la Provincia de San Luis; Arts 5 y 123 de la Constitución de la Nación Argentina, y Art. 126, 128 y conc. de la Carta Orgánica Municipal, para proceder a la convocatoria de electores de toda elección municipal, toda vez que "solo a él corresponde decidir cuándo y cómo convocar a la renovación de autoridades...". (Dictamen del Procurador General Dr. Esteban Righi - Buenos Aires, 16 de noviembre de 2004 - y su antecedente Fallos: 312:326, considerando 91, tomado por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación "in re" CSJN P. 95. XXXIX.- ORIGINARIO - Ponce, Carlos Alberto c/ San Luis, Provincia de s/ acción declarativa de certeza). La actual vigencia del postulado transcripto surge de las propias conclusiones de nuestra Suprema Corte, en el fallo antes citado, cuando expresa: "... esta causa y la decisión que en ella se adopte no solamente tiene en cuenta el propósito de remediar lo sucedido en el pasado, sino el de afirmar reglas que constituyan incentivos apropiados para los futuros participantes en la competencia electoral..."

Que tal facultad conlleva implícita la de efectuar al respecto las modificaciones que fueren necesarias para concretar en debida forma el acto electoral en función de los altos intereses Constitucionales involucrados, en particular, la necesidad de preservar la Autonomía Municipal, tutelada en la Constitución Nacional Art. 5 y 123 y la Constitución Provincial Art. 248 y conc.. En ese orden el ejercicio de dichas facultades le deviene a este Ejecutivo Municipal impuesto por las normas Constitucionales Nacionales, Provinciales - Art. 261 inc. 19 - y Carta Orgánica Municipal Arts 2, 5 y conc.; facultades todas que fueron convalidadas oportunamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el fallo citado supra en relación a la instrumentación de las elecciones municipales del año 2003 a través de los decretos N 78-SdeG-2003 (Convocatoria a Elecciones Municipales 2003), sus modificatorios N 526-SdeG-2003 (Modifica convocando a elecciones autónomas para el día 9 de noviembre del 2003, con Cronograma y Tribunal Electoral Propio) y N 774-SdeG-2003 (Prorroga el plazo fijado para la presentación de boletas de sufragio a una de los Partidos Políticos intervinientes).

2) Que en preservación de los Altos valores institucionales que antes se refieren y en ejercicios de las facultades que de allí nacen es que este Ejecutivo Municipal hizo en forma autónoma, convocatoria al electorado de la Ciudad de San Luis, para renovar sus autoridades.

Que con ello esta Intendencia Municipal procuraba "asegurar la efectiva participación del elector, la pluralidad de opciones y la transparencia de los actos electorales, todo lo cual interesa a la República y al conjunto de los ciudadanos siendo esencial para el Estado de Derecho." (Corte Suprema de Justicia de la Nación "in re" CSJN P. 95. XXXIX.- ORIGINARIO - Ponce, Carlos Alberto c/ San Luis, Provincia de s/ acción declarativa de certeza - hoja 34).

Que fue motivo de detenido análisis por la Autoridad Ejecutiva Municipal, la conveniencia de esta convocatoria, deviniendo impuesta su necesidad y legitimidad por las muy particulares situaciones institucionales vividas en los últimos tiempos. Y bien, la Convocatoria a CONSULTA POPULAR sub examen, viene a constituir una nueva agresión al funcionamiento Autónomo de las Instituciones Municipales así como también una inmerecida falta de respeto y menoscabo al principio de Soberanía Popular, de lo que se da cuenta en los considerandos siguientes.

3) Cabe puntualizar a modo de reflexión preliminar, que la orfandad conceptual que exhibe la Ley de Convocatoria a Consulta Popular, estimulada por la ausencia del imperativo reglamentario, desnuda el innegable propósito de interferir inconstitucionalmente una vez más el proceso eleccionario autónomo municipal ya en marcha. Ello así por cuanto:

3.1) Desconocimiento de la diferente naturaleza de cada acto y consecuente Prohibición de Simultaneidad de una Elección y una Consulta Popular, por ser violatorio del principio de Soberanía Popular: La convocatoria provincial pretende la realización simultánea de dos actos públicos de distinta naturaleza, la consulta popular y las elecciones municipales.

Existe una esencial diferencia de naturaleza entre ambos actos de expresión política del pueblo: mediante las elecciones éste designa sus representantes. A través de una consulta, en cambio, no elige autoridades sino que brinda su opinión sobre un asunto que le es sometido. Por lo demás, su participación en la primera es obligatoria y los resultados de la elección inciden directa y necesariamente en la constitución de los órganos de gobierno. No ocurre lo mismo con la consulta, por lo que el resultado de la misma puede no surtir efecto alguno en los cuerpos constituidos, máxime en los términos en que se ha redactado la ley promulgada por la Provincia de San Luis, que ni siquiera aclara cuáles serán sus efectos, con notoria rivalidad con el imperativo constitucional que se lo exige (art. 100 2do apartado C.P.). En otras palabras, en el primer caso el voto del elector, junto al de todos los otros votantes en el acto político plurilateral de votar, define y dirime la contienda electoral municipal, y en el otro, en el de la consulta popular, el votante emitirá simplemente una opinión, que por más que forme parte de la respuesta mayoritaria, no decidirá definitivamente el interrogante planteado, como en el caso de los candidatos, sino que, por el contrario, la aprobación o rechazo de la continuidad de una ley vigente será decidida, como no podría ser de otro modo -tal como está convocada- por los órganos constituidos, de acuerdo a la Constitución provincial.-

Esto muestra que es contrario a los referidos principios constitucionales y de derecho electoral obligar al elector a pronunciarse en un mismo acto respecto de dos cuestiones de distinta materia y de disímil naturaleza y que producen consecuencias diversas, cada uno de los cuales le exige una determinación política específica, que es el resultado de procesos mentales diferenciados. En un caso -la elección- el votante debe deliberar sobre tres cuestiones políticas: los programas y los candidatos de cada uno de los partidos que presentan postulantes para los cargos Electivos en disputa, para poder expresar a través del voto quiénes desea que lo representen políticamente. En el otro -la consulta-, debe considerar y analizar si aprueba o no el mantenimiento de una ley, que por otra parte ha tenido dilatada y escandalosa consumación a través de erogaciones multimillonarias, sin requerir durante largos seis años la opinión de ninguno de nuestros conciudadanos que ahora, sugestivamente se trae en consulta en la misma fecha fijada para las elecciones autónomas de esta Municipalidad, involucrando una serie de cuestiones que multiplican críticamente su deliberación mental, para lo que el elector debe estar debidamente informado, lo que no ocurre en el caso. Con respecto a este último requisito, la publicidad parece no existir, puesto que en la ley se excluye toda mención informativa a los temas sometidos a consulta en base a fórmulas sofísticas, engañosas, que a todas luces son insuficientes a los efectos de una idónea publicidad para la información del electorado en el proceso de comunicación pública.-

Tal diferencia de naturaleza motivó a los congresales nacionales constituyentes, por delegación de las Convención Constituyente Nacional a consagrar la prohibición de simultaneidad de ambos actos; guía legislativa de todas las leyes reglamentarias existentes en el país de este instituto, con raigambre constitucional, fundamentos ausentes e ignorados en el ámbito provincial.

En nuestro caso, la elección de autoridades municipales resultará, tal como se ha demostrado, de aceptarse la simultaneidad dispuesta por el Gobierno Provincial, distorsionada por otras motivaciones ajenas al comicio, con una consulta popular de naturaleza totalmente diversa a dicha elección que pretende vulnerar el libre ejercicio del sufragio. Ello atenta contra la transparencia y la claridad de la elección municipal, porque somete al elector a una alternativa de confusión entre una propuesta temática del Poder Ejecutivo y la elección propiamente dicha de Intendente y Concejales, mezclándose la elección de candidatos municipales, con una opinión requerida inconstitucionalmente por el Poder Ejecutivo Provincial. Tal intención de las Autoridades Provinciales contradice el imperativo de custodiar la transparente manifestación de voluntad del ciudadano tutelada por la Constitución Nacional en su art. 37 al hacer lugar de hecho a la simultaneidad de ambos pronunciamientos del cuerpo electoral.

Cuando nuestras normas autorizan la simultaneidad de elecciones, tiene precisamente por objeto la realización de "elecciones", es decir, el acto político como método democrático mediante el cual el cuerpo electoral designa a sus representantes. (cf. "Elecciones", Dieter Nohlen y Mario Fernández Baeza, en "Diccionario Electoral", IIDH-CAPEL,Costa Rica, 1989).

La aplicación desorbitada en el art. 2 de la ley de consulta popular del art. 94 de la Constitución Provincial, devenido de los antecedentes legislativos establecidos en la ley 15.262 de la Nación que posibilita la simultaneidad de elecciones bajo una única autoridad comicial, desconoce una larga trayectoria que bien marca la deliberada intención del propósito legislativo que nos ocupa, habida cuenta que se ha desconocido en forma reiterada la jurisprudencia y principios constitucionales que inspiraron esa limitación en las normas reglamentarias en cuanto a la incompatibilidad de poner en práctica simultáneamente dos actos de distinta naturaleza con basamento en dicha normativa. Nada, pues, en estas normas, autoriza la realización simultánea con elecciones municipales de una "consulta popular" provincial, que no es una "elección" sino una manifestación semidirecta de la democracia constitucional mediante la cual el electorado no elige autoridades sino que formula una opinión sobre una decisión a tomarse posteriormente (cf. "Referendum", Jorge Mario García Laguardia, en op. cit.).- Por ello, admitir que el art. 94 de la Constitución Provincial ampara también la realización en un mismo acto de elecciones comiciales municipales con consultas populares importa una interpretación extensiva que no puede convalidar este Ejecutivo Municipal, toda vez que estaría reñida con principios que informan el derecho electoral, tales como el de certeza referente al objeto de los comicios y el de resguardo de la fiel, segura e indubitable exteriorización de la auténtica voluntad del votante, o sea de la vigencia del principio de la soberanía popular (art. 37 CN), principio constitucional éste que resulta indisimulablemente vulnerado por las disposiciones de la ley de la Provincia de San Luis que llama a consulta popular para el 29 de julio de 2007.

3.2) Mutilación de la integridad del acto electivo con directa conculcación en plenitud del derecho político electoral.

El art. 2 de la Ley VIII-0558-2007,en la desorbitada y genérica invocación de la aplicación de los arts. 94 y 95 de la Constitución Provincial, genera incertidumbre en torno a la posibilidad que se pretenda bajo el manto de la simultaneidad someter ambos actos de distinta naturaleza a la misma autoridad, y con ello posibilita por su imprecisión, instrumentar la emisión de ambos votos en un mismo sobre.

La implementación simultánea y bajo una misma autoridad de la elección de autoridades municipales y de la Consulta convocada por el Gobierno de la Provincia atenta contra la transparencia y la claridad de la elección municipal, porque somete al elector a una alternativa de confusión entre una propuesta temática del Poder Ejecutivo Provincial y la elección propiamente dicha de autoridades municipales, mezclándose elección de candidatos con una opinión requerida inconstitucionalmente por el Poder Ejecutivo ya que al utilizarse un mismo sobre para ambas boletas, se niega la posibilidad de expresar al ciudadano su disconformidad con todas las propuestas a través del voto en blanco, tanto de la elección como de la consulta popular.

La ausencia de una ley reglamentaria del ejercicio del derecho constitucional de consulta popular a nivel provincial, que pretende poner en práctica por esta ley el Gobierno de la Provincia de San Luis, confirma la suposición del grave desvío constitucional electoral al que pretende llevarnos el mismo con la sanción de la ley que nos ocupa, atentando por esta vía nuevamente contra la autonomía municipal y contra el soberano derecho de los electores capitalinos de expedirse con transparencia e inequívocamente en relación al objeto para el que han sido convocados.

4) Irrazonabilidad del llamado a CONSULTA POPULAR:

Que, ante todo, cabe dejar sentado que no puede válidamente sostenerse que la facultad discrecional de los Poderes del Estado Provincial, para fijar la fecha de la consulta, lo exima del cumplimiento del principio de razonabilidad que debe acompañar a toda decisión de las autoridades públicas (cf. arg. de Fallos 320:2509).- En virtud de tal principio -que emana del artículo 28 de la Constitución Nacional- cada vez que la ley fundamental depara una competencia a un órgano del poder, impone que el ejercicio de la actividad consecuente tenga un contenido razonable (cf. Fallos 3033 y 3069/2002 CNE). "El congreso cuando legisla, el poder ejecutivo cuando administra, los jueces cuando dictan sentencia, deben hacerlo en forma razonable: el contenido de los actos debe ser razonable. El acto irrazonable es arbitrario, es defectuoso y es inconstitucional. La razonabilidad es entonces, una regla sustancial, a la que también se ha denominado el 'principio o la garantía del debido proceso sustantivo' (conf. Bidart Campos, German J., Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino, T I, pág. 361/362, Ediar, 1993)" (cf. Fallos cit.).- En igual sentido, se explicó que "si la Constitución dispone que las normas jurídicas que se dictan en aplicación directa de aquélla deben ser razonables, dispone también que las que se dicten en aplicación de leyes razonables deben ser razonables" (cf. Linares, Juan Francisco "Poder Discrecional Administrativo", pág. 165, Ed. Abeledo- Perrot Bs. As., 1958).

Con los antecedentes que fueron expuestos bien podemos concluir que la ley de la Provincia de San Luis por la que llama a consulta popular, adolece también del vicio de irrazonabilidad, pues a los argumentos expuestos, se suma que ninguna urgencia justifica violentar tantas instituciones y tantos principios constitucionales e internacionales como los que aquí quedan expuestos, para sólo requerir una opinión (¿no vinculante?) sobre un orden temático que flagrantemente escapa a las necesidades básicas de nuestro pueblo, que se manifiestan en la falta de educación, la falta de trabajo digno, la falta de salud, la falta de seguridad, falta de justicia, altos valores que desatiende este Gobierno, no obstante transitar con carta de ciudadanía por nuestras calles la falta de satisfacción de aquellas necesidades elementales, poniendo de relieve en toda su extensión que el único propósito espúreo de esta ley provincial es interferir en el proceso electoral municipal y vulnerar así una de las manifestaciones de su autonomía.

Ninguna autoridad del Estado "actuando discrecionalmente.. está autorizada a actuar caprichosamente según su libre arbitrio" (cf. Prat, Julio A., , "De la Desviación del Poder", pág. 150, Librería La Facultad, Montevideo, 1957). Ello es así, en tanto el acto discrecional tiende a satisfacer los fines de la ley, o sea, en definitiva, los intereses públicos, mientras que el acto arbitrario -aún aparentando a veces legitimidad- se aparta de la finalidad a que el acto emitido debe responder, por lo cual resulta ilegítimo (cf. Marienhoff, Miguel S., "Tratado de Derecho Administrativo", T. II, p. 427, Ed. Abeledo- Perrot, Bs. As. 1981).- Tal este llamado a consulta.

5) Se hace necesario por rigor de buena fe y nobleza intelectual, dejar sentado aquí que, dada la estrecha similitud de la situación de la que da cuenta el presente dispositivo con conceptos sentenciados por nuestro máximo Tribunal Electoral de la Nación Argentina (Cámara nacional Electoral), se han fundado las decisiones del presente decreto en conceptos y transcripciones fieles de los fallos recaídos en las causas "Alianza para el Trabajo la Justicia y la Educación s/ apelación de la Junta Nacional Electoral de Entre Ríos de fecha 17-9-97" (Expte. CNE N 2912/97) ENTRE RIOS, Buenos Aires, 10 de octubre de 1997; "Movimiento de Acción Popular (M.A.P.) s/ pedido de nulidad" (Expte. NE 3865/04 CNE) MISIONES. ///nos Aires, 30 de septiembre de 2004.

Ello teniendo presente que resultan aplicables tales principios orientadores, por cuanto la materia electoral tiene perfiles técnicos propios por los que garantiza la transparencia de los procedimientos electorales, resguardando de ese modo la veracidad del "sufragio" de cualquier tipo de distorsión.

Por su parte, la legitimidad del sistema democrático se sustenta en la necesidad de reglas claras e interpretaciones uniformes por parte de los diferentes jueces de grado cuando las mismas derivan de la aplicación de preceptos constitucionales nacionales. Razones de economía procesal, certeza, celeridad y seguridad jurídica aconsejan la conveniencia de tender a la uniformidad de la jurisprudencia, en el entendimiento que de este modo se contribuye a "afianzar la justicia" uno de los objetivos perseguidos por nuestra Constitución Nacional. Por otra parte, generaría confusión convalidar la existencia de pronunciamientos disímiles, ante el planteo de casos similares, sólo por las diferentes interpretaciones que de la ley pudieran llevar a cabo jueces de distintas jurisdicciones. Tales imperativos, recogidos en la Ley 19.108, Art 6 -, que por su jerarquía nos sirve de guía, y que por necesidad de uniformidad de interpretación han devenido impuestos como de obligatorio cumplimiento en dicho ámbito, es que resultan de aplicación como fundamento de la presente decisión. ("Monner Sans, Ricardo s/promueve acción de amparo" (Expte. 3613/03 CNE) CAPITAL FEDERAL - 25 de marzo de 2003 -.)

6) Que el presente decreto ha uniformado, cual unidad lógica, sus argumentos y su parte dispositiva, teniendo presente que:

6.1 Se desea evitar un conflicto institucional entre esta Municipalidad de San Luis, y el Gobierno de la Provincia de San Luis (Poder Ejecutivo y Legislativo); a raíz de la perturbación y menoscabo que acarrea a la convocatoria de ELECCION MUNICIPAL AUTONOMA, el llamado a CONSULTA POPULAR del Gobierno Provincial, fijado para el mismo día que aquella, sin necesidad ni razón que lo justifique; y en rivalidad de todo el plexo constitucional y legal, de la Nación y de nuestras Provincias hermanas, que han reglamentado la Consulta Popular.

6.2 Que los partidos políticos y los electores en general involucrados en la próxima ELECCION MUNICIPAL AUTONOMA, y por lo que aquí se dispone, quedan exentos de todo menoscabo en el ejercicio de sus derechos políticos, habida cuenta que solo se propende a evitar el conflicto institucional ya aludido, otorgando, como consecuencia de ello, una extensión legal de los plazos para ejercer sus derechos.

6.3 Que el derecho de modificar el decreto de convocatoria a ELECCION MUNICIPAL AUTONOMA, le nace a este Departamento Ejecutivo Municipal de los Arts 5 y 123 de la Constitución de la Nación Argentina, de los Arts. 126, 128 y conc. de la Carta Orgánica Municipal, y muy especialmente se su Carta Orgánica Municipal, Arts 2, 5 y conc. y Art. 261 inc. 19 de la Constitución Provincial; facultades todas que fueron convalidadas oportunamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el fallo CSJN P. 95. XXXIX.- ORIGINARIO - Ponce, Carlos Alberto c/ San Luis, Provincia de s/ acción declarativa de certeza. Amén de ello, por dichos textos constitucionales y legales, y por tal fallo judicial antes citado, quedaron convalidados los decretos de este Ejecutivo Municipal N 526-SdeG-2003 (Modificatorio de la fecha de la convocatoria a ELECCIONES MUNICIPALES AUTONOMAS (09/11/2003)) y Decreto N 774-SdeG-2003 (PRORROGA DEL PLAZO para presentación de boletas).

6.4 Que por el principio de unidad lógica que implican los considerandos y la parte dispositiva de un fallo judicial, la Provincia de San Luis, a través (hoy) de su Poder Ejecutivo y de su Poder Legislativo, vuelve a reincidir en conductas que ya tuvieron severo reproche por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, desoyendo nuevamente sus advertencias e incumpliendo nuevamente sus mandatos. En el fallo antes citado (caso Ponce...) ha dicho nuestro Alto Tribunal: "... esta causa y la decisión que en ella se adopte no solamente tiene en cuenta el propósito de remediar lo sucedido en el pasado, sino el de afirmar reglas que constituyan incentivos apropiados para los futuros participantes en la competencia electoral..." (el resaltado nos pertenece).

6.5 Que de insistir en sus conductas provocativas (Fallos: 314:1784) los Poderes del Estado Provincial de San Luis contra esta Municipalidad de la Capital de San Luis (Fallos: 312:326), se hará imperioso llevar el caso a la competencia originaria de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación (Considerandos 7), 11), 13) " Ponce "), para someter a su consideración amén del atropello (del que da cuenta el presente) a nuestra AUTONOMIA MUNICIPAL por parte del Gobierno de la Provincia de San Luis, y la falta de garantía a nuestro Régimen Municipal Autónomo, la constitucionalidad de la Ley VIII-0558-2007 (llamado a CONSULTA POPULAR - Ley de Cine) y la constitucionalidad, legalidad y legitimidad de los mandatos de los integrantes de los poderes que la sancionan. Ello así, en la medida que se recuerde que el origen del mandato del actual GOBERNADOR de la Provincia y de los actuales LEGISLADORES PROVINCIALES, fue la Ley Provincial N 5324 (CADUCIDAD ANTICIPADA DE MANDATOS), ya fue declarada inconstitucional y privada de todo efecto legal (respecto de las partes en contienda), por parte de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso Ponce, ya citado.

7) Teniendo presente que el derecho electoral tiende a garantizar la efectiva vigencia del principio democrático de la representatividad popular, como también conducir regladamente el conflicto que toda competencia por el poder supone, a través de medios pacíficos y ordenados, según el imperio de las leyes, ratificado por los argumentos aquí expuestos, autorizan y exigen que, este Departamento Ejecutivo Municipal, tantas veces como sea necesario, actúe en preservación de los principios constitucionales de SOBERANIA POPULAR y AUTONOMIA MUNICIPAL, disponiendo para tal fin independizar absolutamente las elecciones Municipales de la Municipalidad de la Ciudad Capital de San Luis, de la Consulta Popular llamada por el Gobierno de la Provincia de San Luis.

Por ello y en uso de sus atribuciones,

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS

DECRETA:

Art. 1. MODIFICAR en lo pertinente, los artículos: 1 y 3 del Decreto 357-SdeG-07 fijando como nueva fecha para que el electorado de la Ciudad de San Luis proceda a la elección de Intendente Municipal y de Siete Concejales Titulares y Siete Concejales suplentes para el día CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL SIETE.-

Art. 2. MODIFICAR el Art. 6 del Decreto 357-SdeG-07, disponiendo en su lugar prorrogar las fechas fijadas para los actos allí consignados del cronograma Electoral, el que quedará de la manera siguiente:

CRONOGRAMA ELECTORAL para las Elecciones Municipales del 05 de Agosto de 2007:

a) Plazo para la Inscripción de Alianzas: hasta el 04/06/07 (Artículo 2 de la ley 23.476, modificatoria del Artículo 10 de la Ley 23.298).

b) Plazo para el registro y solicitud de Oficialización de Listas de Candidatos: hasta el 15/06/07 (Artículo 14 L.E.P).

c) Plazo para resolver sobre la calidad de los candidatos: hasta el 18/06/07 (Artículo 15 L.E.P ).

d) Plazo para presentación de boletas: hasta el 05/07/07 (Artículo 16 L.E.P ).

e) Plazo para la designación de lugares de ubicación de las mesas receptoras de votos: hasta el 05/07/07 (Artículo 77 del C.E.N., por remisión del Artículo 34 de L.E.P).

f) Plazo para la designación de autoridades de mesa: hasta el 13/07/07(Artículo 75 del C.E.N., por remisión del Articulo 34 de L.E.P).

g) Plazo para publicación de la ubicación de las mesas y sus autoridades: hasta el 20/07/07. (Artículo 80 del C.E.N., por remisión del Artículo 34 de L.E.P).

Art. 3. A los efectos del cumplimiento del presente decreto, queda la Autoridad Judicial Electoral Municipal y el propio Ejecutivo Municipal, suficientemente facultado para requerir la cooperación de las fuerzas de seguridad de la Nación o de la Provincia y, de ser menester, de cualquier otra autoridad, sea nacional, provincial o municipal.

Art. 4. Por Contaduría General de la Municipalidad efectúese la previsión presupuestaria correspondiente para el cumplimiento del presente Decreto.

Art. 5. Remitir copia del presente al Tribunal Electoral Municipal, al Excmo. Superior Tribunal de Justicia de San Luis, al Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante de San Luis, al Sr. Ministro del Interior de la Nación, al Sr. Ministro de la Legalidad de la Provincia de San Luis, a la Excma. Cámara Nacional Electoral, al Sr. Juez Federal con competencia electoral en la Provincia de San Luis, y al Sr. Juez Electoral Provincial.-

Art. 6. El presente Decreto es suscripto por el Sr. Intendente Municipal de San Luis Dr. Alfonso H. Vergés y refrendado por los Señores Secretarios del Poder Ejecutivo Municipal: de Obras y Servicios Públicos, Ing. Ramón L. Zarrabeitia y de Medio Ambiente, Seguridad e Higiene, Dr. José P. Amieva Correa, y de Hacienda por sí y a cargo de las Secretarías de Gobierno y de Desarrollo Humano y Económico C.P.N. Reinaldo Elena.

Art 7. Instruir a Asesoría Letrada de este Municipio, para que produzca informe sobre la realidad jurídica constitucional referida en el considerando N 6.5 del presente.

Art. 8. Regístrese, Publíquese, Comuníquese y Archívese.

Alfonso H. Verges

Intendente

Ramón L. Zarrabeitia

Sec. Obras y Servicios Públicos

José P. Amieva Correa

Sec. Medio Ambiente, Seguridad e Higiene

Reinaldo Elena

Sec. Hac. por sí y a/c de las Sec. de Gobierno y de Desarrollo Humano y Económico



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